Ciudad de México / martes, 07 de diciembre 2010
Distrital Revista
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas constitucionales en materia de amparo, las cuales dan una mayor autonomía e independencia a los tribunales estatales, permite que la SCJN se concentre en temas de trascendencia constitucional, entre otros cambios.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, se aprobó con 361 votos a favor y cuatro en contra la reforma a los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución, que también amplía el juicio de amparo integrando a su protección a los derechos fundamentales contenidos en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
En tribuna, el diputado del PRD, Juventino Castro y Castro destacó que la reforma fortalece la autonomía e independencia de los tribunales estatales, no sólo para armonizar sus competencias con los tribunales federales y evitar invasión de atribuciones por parte de la federación.
El dictamen señala que se establece la figura de “amparo adhesivo” dando la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto de promover el amparo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva.
La reforma establece que si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la SCJN, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento.
“Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante un juez de distrito”, señala la reforma aprobada y que fue regresada al Senado.
Se introduce la figura de “interés legítimo” que permite que se constituya como quejoso en el amparo aquella persona que resulte afectada por un acto que violente un derecho reconocido por el orden jurídico o, no violentando directamente el derecho, se afecte la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.
“Con ello se busca socializar al amparo, para que se vean beneficiados con resoluciones de la Corte, no sólo el quejoso, sino cualquier persona que se encuentre afectada por una ley o un acto de alguna autoridad”, explicó el diputado federal del PRI, Josué Valdés Huezo.
Asimismo se propone otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión, en los que se establezca jurisprudencia por reiteración y se determine su inconstitucionalidad.
El diputado federal del PAN, Oscar Arce Paniagua propuso no modificar el artículo 100 de la Constitución y mantener las actuales atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal.
La propuesta, que fue aceptada por 275 votos a favor, tres abstenciones y 45 en contra por el pleno legislativo, destaca que dicho consejo será un órgano del Poder Judicial Federal y expedirá acuerdos generales y las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo lo referente a los nombramientos de jueces y magistrados,
En tribuna el diputado federal del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas manifestó su rechazo a la reforma al argumentar que no se contempla el llamado “amparo social”.
“Pudo haber sido una reforma trascendente en materia de amparo, pero finalmente no garantiza derechos humanos y derechos sociales”, dijo el legislador petista.
El diputado del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas respaldó el dictamen al señalar que se trata de una “reforma constitucional de gran calado” que prueba que en el Congreso hay acuerdos y se trabaja a favor de México.
Mientras que el diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida dijo que la creación de tribunales colegiados de circuito permitirá que la Corte sea órgano de constitucionalidad y con ello se agilizará su trabajo.
“Es una reforma políticamente correcta y por eso el PRI la apoya”, sostuvo. (Con información de Notimex)
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