CIUDAD DE MÉXICO / martes, 31 de agosto de 2010N22/ Distrital-Revista
El presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente del Congreso dos iniciativas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que además crean las figuras penales de “prestanombres” y "operaciones económicas estructuradas".
De acuerdo a los dos proyectos que llegaron este día al Congreso, se prohíbe el pago en efectivo por más de 100 mil pesos en ciertos productos y se imponen sanciones más severas al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
Una de las iniciativas crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; mientras que la otra propuesta reforma diversos artículos de 10 leyes distintas.
De acuerdo a con la iniciativa que crea la Ley Federal contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se prohíbe el pago de hasta 100 mil pesos, o su equivalente en moneda extranjera, en efectivo para la compraventa de coches, aeronaves y barcos.
La sanción también incluye la compraventa de artículos com relojes, joyería, metales, piedras preciosas y obras de arte.
Además se pone un tope de hasta 100 mil pesos para adquirir boletos para juegos, apuestas, concursos y sorteos, así como la prestación de servicios de blindaje para vehículos o inmuebles.
Dicho límite también es para las operaciones de transmisión de derechos y dominio sobre títulos de partes sociales o acciones de personas morales.
La iniciativa presidencial también establece un régimen de prevención sobre sujetos que por sus actividades profesionales son más “propensos” a involucrarse, incluso contra su voluntad, en el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Estas personas, conocidas internacionalmente como "gatekeeper", regularmente son a abogados, federatarios, agentes inmobiliarios, comerciantes de ciertos bienes, contadores, auditores y otros profesionistas que intervienen en sistemas financieros internacionales.
A su vez la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras, sanciona hasta con 15 años de cárcel a quien adquiera enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, reciba, invierta, traspase o transfiera en México o en el extranjero recursos, derechos, bienes o productos de una actividad ilícita.
Además la sanción será de 4 a 12 años de prisión a quienes cometan lavado de dinero incluso si el inculpado desconoce el origen de los recursos; aunque la pena se reducirá hasta en dos terceras partes para quienes revelen la identidad del dueño.
También se plantean de seis meses a cinco años de prisión a prestanombres, es decir quienes proporcionen su identidad y actividad económica, ingresos o domicilio para que la delincuencia haga operaciones con dinero ilícito.
Esas sanciones se elevarán hasta la mitad si quienes cometen los delitos son consejeros, funcionarios o empleados de instituciones de crédito, de seguros y fianza, sociedades mutualistas, entidades de ahorro y crédito popular, y sociedades financieras de objeto limitado.
Las medidas estipuladas en la iniciativa también serán obligatorias para las casas de bolsa, bolsas de valores, casas de cambio, sociedades de inversión, Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y Sociedades de Inversiones Especiales para el Retiro.
También se incluye como delito grave la disposición de fondos y vales, títulos de créditos o documentos de la Bolsa Mexicana de Valores para el lavado de dinero.
En la exposición de motivos el Ejecutivo federal precisó que con la iniciativa se busca combatir de manera frontal las prácticas del crimen organizado que utilizan casas de bolsa, bancos e instituciones de crédito para actividades ilícitas.
La iniciativa de reforma otorga a las autoridades más facultades para combatir de manera directa el blanqueo de recursos.
En ese sentido propone que la Procuraduría General de Justicia autorice operaciones encubiertas, infiltración de agentes en bandas criminales y crear cuentas simuladas para identificar transacciones ilegales.
Las dos iniciativas presidenciales que recibió en su última sesión la Comisión Permanente fueron turnadas a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado para su análisis.(Con información de Notimex)
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